Una caravana contra fractura hidráulica corta en Burgos la carretera C-629

Burgos, 8 dic (EFE).- Una caravana de protesta conformada por tractores y otros vehículos, y organizada por la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de las Merindades (Burgos), ha interrumpido esta mañana durante unos diez minutos el tráfico de la carretera C-629, que une Vizcaya con el norte de Burgos, cerca de Crucero de Montija.

El corte ha provocado una retención importante de vehículos, parte de los cuales han seguido después a la caravana en su recorrido hacia Villarcayo (Burgos) donde finalizará la protesta.

La fractura hidráulica o 'fracking' es un procedimiento para la detección y extracción de bolsas de gas o petróleo mediante la inyección a gran profundidad de líquidos a presión.

Luis Román, concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros (Burgos), ha explicado a Efe que la asamblea contra la fractura hidráulica, que forman organizaciones agrarias, asociaciones, ayuntamientos y otras colectividades de Las Merindades, está en contra de este método por los "efectos nocivos" que, según sus informes, ha tenido en otros países como Estados Unidos.

Román ha expresado la "preocupación" en la zona por el desarrollo de estos proyectos que, en su opinión, destruyen el territorio, contaminan el agua potable, causan problemas de salud, envenenan la ganadería y aniquilan las posibilidades de turismo.

El concejal ha informado de que la 'tractorada' de protesta culminará en Villarcayo (Burgos) porque es el único municipio de la zona que todavía no se ha posicionado contra la fractura hidráulica.

En este sentido, ha detallado que 31 municipios burgaleses, además de otros de Cantabria, Valladolid, Soria o Aragón ya han manifestado públicamente su oposición a esta técnica.

Román ha reconocido que la competencia en estos casos está en manos de los gobiernos autonómicos y del nacional en el caso de que afecte a más de una comunidad autónoma, como ocurre con el permiso que se tramita para esta zona de Burgos.

Sin embargo, ha advertido de que los ayuntamientos pueden hacer llegar a las administraciones su oposición a esta técnica y revisar las normativas urbanísticas municipales para intentar dificultar su desarrollo. EFE