Doñana, de nuevo en vilo
El espacio natural más emblemático de Andalucía debe decidir hacia dónde camina. El ministro Arias Cañete ha autorizado un proyecto gasístico en la zona, pero en manos de la Junta está bloquear este plan que rechaza IU
Un ciervo en el parque de Doñana, donde Gas Natural tiene previsto ampliar la extracción de hidrocarburos. / JULIAN PÉREZ (EFE)
Doñana vuelve a tener que decidir qué camino quiere tomar. Un proyecto gasístico se ha colado por una rendija de las normas de protección que se han ido aprobando en las últimas décadas para preservar este enclave declarado Patrimonio de la Humanidad.
Las protestas de los grupos ecologistas —a los que se ha sumado IU— se han disparado. Pero la extracción de gas de los yacimientos que hay en el subsuelo del entorno de Doñana se lleva realizando desde hace tres décadas sin mucho ruido. Lo que se debate ahora es si esta actividad sigue acotada en el tiempo (es decir, que finalice cuando se agoten los yacimientos de gas natural de la zona) o si se consolida.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente le ha dado esta semana el visto bueno al proyecto de Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural, para esta zona. Además de la extracción, se prevé utilizar en el futuro las cavidades subterráneas que queden vacías para el almacenamiento de gas, lo que supondría la consolidación de esta actividad industrial en una zona muy sensible.
Para su tramitación ante el ministerio este proyecto fue dividido en cuatro partes. El problema ha surgido en dos de ellas, ya que las actuaciones proyectadas por Gas Natural serían dentro de los límites del espacio natural. Se trata de los proyectos del Saladillo y el de las Marismas Oriental, ambos ubicados en los municipios onubenses de Almonte, Hinojos y en el sevillano de Villamanrique de la Condesa.
Para poder sacar adelante sus planes, Gas Natural necesita utilizar 14 pozos de extracción y una red de tuberías de 70 kilómetros de longitud. Según la empresa, 50 de esos kilómetros ya están instalados en la zona y lo que plantea es renovar las canalizaciones existentes. Veinte kilómetros de la red de gasoductos serían de nueva construcción y trazado. Y, de esos, 15 kilómetros estarían dentro de los límites del parque natural de Doñana, pero no dentro del parque nacional, la zona de máxima protección. En el caso de los pozos, nueve de los 14 ya existen. Y de los cinco nuevos sondeos que se deberían acometer, tres estarían ubicados dentro del espacio natural, según la información facilitada por la compañía.
Aunque el proyecto —con una inversión prevista de 200 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años— tenga el visto bueno del ministerio todavía debe completar su tramitación. El último permiso lo tendrá que conceder el Ministerio de Industria por tratarse de una actividad relacionada con los hidrocarburos.
Pero el quid estará en la tramitación que Gas Natural tiene que completar ante la Administración andaluza. IU, que gobierna en la Junta con el PSOE, ha mostrado un rechazo rotundo al proyecto. Los miembros socialistas del Ejecutivo regional han sido menos contundentes, aunque afirman que estarán “vigilantes” para que se cumpla la normativa ambiental.
La Junta de Andalucía también fue consultada durante el proceso de tramitación de la declaración de impacto ambiental. El ministerio reclamó un pronunciamiento claro a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. En concreto, el departamento de Arias Cañete exigió a la Junta en un escrito de mayo de 2012 que emitiera “el correspondiente certificado de no afección a Red Natura 2000”. Este informe, potestad del Gobierno regional, puede bloquear un proyecto ubicado en una zona protegida.
La Junta respondió al ministerio que no tenía intención de pronunciarse aún. La delegación de la Consejería de Agricultura en Huelva está tramitando la Autorización Ambiental Unificada del proyecto gasístico, otro requisito indispensable para que puedan comenzar las obras. Y la consejería no elaborará el informe de afección a la Red Natura hasta que complete ese trámite.
Como ha ocurrido en otros casos —por ejemplo, con el oleoducto de Balboa o con la ampliación del dragado del Guadalquivir—, el Gobierno andaluz se guarda una última carta para poder paralizar una actuación polémica con repercusiones para Doñana.
Lo que sí hizo la Administración regional fue trasladar al ministerio la opinión del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana. Diez de los 13 miembros de la comisión permanente de este órgano —entre los que figuran los representantes de la Administración central y autónoma— aprobaron el 14 de noviembre de 2011 un acuerdo en el que se señalaba que no se veía “inconveniente” en el proyecto de almacenamiento de hidrocarburos. Los dos representantes de los grupos ecologistas rechazaron el acuerdo.
Pero en el texto aprobado por el Consejo de Participación se afirmaba que las actuaciones deberían adaptarse “a lo considerado como compatible en el informe jurídico” que habían realizado los letrados de la antigua Consejería de Medio Ambiente en noviembre de 2011. En ese informe, que carece de conclusiones, se señala que en las zonas de reserva del espacio protegido (las denominadas zonas A) no está permitida la construcción de “nuevas” infraestructuras y edificaciones como las contenidas en el proyecto de Gas Natural.
La duda ahora es si el trazado del gasoducto está dentro de esa zona A de máxima protección y si las actuaciones de renovación de las canalizaciones encajan en la normativa de protección del parque. Los técnicos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente serán los que estudien este asunto para tratar de averiguar si el proyecto de Gas Natural es compatible con la legislación ambiental. La Junta tendrá que decidir hacia dónde caminará Doñana.
Agravios y Felipe González
El visto bueno que el departamento de Miguel Arias Cañete ha dado al proyecto de Gas Natural ha sentado bastante mal entre los defensores del oleoducto que el Grupo Gallardo quería construir, cuyo trazado pasaba por el entorno del espacio protegido de Doñana. La Plataforma Refinería Sí ha criticado el trato “discriminatorio” que el Gobierno central ha tenido con este proyecto, que recibió una declaración de impacto ambiental negativa en marzo de 2012. Esta plataforma entiende que el Gobierno central ha tenido una “distinta vara de medir” en un caso y en otro.
A la polémica por el proyecto de Gas Natural, que incluye una red de gasoductos de 70 kilómetros, ha contribuido que el expresidente Felipe González, consejero de Gas Natural, presidiera el Consejo de Participación de Doñana hasta mediados de diciembre. El único órgano que se ha pronunciado sobre el proyecto ha sido la comisión permanente del Consejo de Participación, donde no ha estado presente el expresidente del Gobierno.
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