Reservas ocultas
Los efectos adversos del ‘fracking’ deben evitarse con un control ambiental riguroso
España es un país muy dependiente del exterior en su aprovisionamiento de energía primaria. Tenemos que importar de terceros países un 75% de todas las materias primas energéticas que necesitamos, mientras que ese porcentaje es de un 50% de promedio en Europa. Nuestra política energética debe, por tanto, afrontar la necesidad de aumentar nuestra autonomía al tiempo que contribuir a los objetivos medioambientales fijados por la UE y asegurar precios competitivos para empresas y consumidores domésticos. Todo ello nos encamina hacia un futuro de menor consumo de hidrocarburos y carbón y mayor presencia de las energías renovables.
En este contexto, la sustitución de los hidrocarburos más contaminantes por el gas natural será siempre un cambio positivo, sin olvidar que las renovables deberán ser nuestra apuesta estratégica. En muchos países, y particularmente en EE UU, la explotación del llamado gas de esquisto o gas natural no convencional está suponiendo una verdadera revolución en cuanto a la estructura de su suministro energético, sustituyendo con ventaja al carbón y al gas convencional para la generación de electricidad y calor industrial. La extracción de este gas, embebido en pizarras a gran profundidad, requiere de la utilización de nuevas tecnologías extractivas, en particular del llamado fracking, que permite liberar el gas mediante la inyección a profundidad de agua a presión con un conjunto de productos químicos.
El gas de esquisto está muy extendido en el mundo, pero extraerlo mediante fracking tiene efectos medioambientales adversos, como la inducción de microsismos y la potencial contaminación de los acuíferos subterráneos. Parece que en España hay depósitos de este gas que podrían ser explotados y cubrir una parte significativa de nuestra demanda, por lo que han surgido voces en el sentido de que el fracking debe prohibirse debido a los efectos medioambientales asociados. El Ministerio de Industria prepara una normativa que obligará a los proyectos de extracción a someterse a un control medioambiental riguroso. Sustituir combustibles fósiles muy contaminantes, como el carbón, o importados, como el gas convencional, por gas natural de nuestros propios yacimientos supondría un sustancial avance. Si se controlan rigurosamente los efectos colaterales para el ambiente asociados con las tecnologías de extracción en vigor, no hay razones de peso equiparable que aconsejen prohibirlo.
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