HISTÓRICO TRIUNFO EN EL JUICIO DEL AMIANTO EN ITALIA

Histórico triunfo en el juicio del amianto en Italia

Por Patrick Herman, periodista.

Traducción: Carlos Alberto Zito.

Turín, 13 de febrero de 2012. Por espacio de un día, la ciudad piamontesa se ha convertido en la capital mundial contra la impunidad de los grandes grupos industriales. Unas dos mil personas se agolpan frente a las escalinatas del Palacio de Justicia, junto a pancartas y fotos de víctimas colgadas en las rejas. No cabe duda de que se trata de una jornada histórica. En breves minutos va a conocerse el veredicto del primer gran juicio penal contra el amianto, cuyos acusados son dos altos dirigentes del grupo mundial Eternit: el barón belga Louis de Cartier de Marchienne y el millonario suizo Stephan Schmidheiny (1). En todas las mentes desfilan los recuerdos de la interminable lucha para que se haga justicia. Mil ochocientas treinta personas murieron, más de mil están enfermas, y el pico en la cantidad de víctimas no se alcanzará hasta 2020. El fiscal, Raffaele Guariniello, ha pedido veinte años de cárcel.

Decenas de autocares han transportado a los demandantes y a sus familiares. Muchos alcaldes, luciendo su banda en el pecho, se suman a estudiantes y ex mineros llegados desde Lorena, con sus cascos característicos. Romana Blasotti Pavesi, presidenta de la Asociación de familiares de víctimas de Casale Monferrato –población donde aún cada semana muere una persona de mesotelioma, cáncer de la pleura causado por la exposición al amianto– perdió a lo largo de los años a cinco de sus seres queridos, pero no está sola. Llegados desde todas partes del mundo, los militantes de las asociaciones nacionales de la red Ban Asbestos (“Prohibamos el amianto”) intercambian las últimas noticias. Fernanda Giannasi, gran figura de la lucha contra el amianto en Brasil, que fuera acusada ante los tribunales por Eternit, sin éxito, está junto a Eric Jonkheere, llegado desde Bélgica, cuyos padres y hermanos murieron víctimas de mesotelioma.

Desde lejos se distingue la alta silueta de Barry Castleman, que ha testificado como experto en cientos de juicios en Estados Unidos, y que abogó ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1998, cuando Canadá –que protege las minas de Québec desde hace décadas– presentó una denuncia contra la decisión francesa de prohibir el amianto, por considerarla un impedimento a la libertad de comercio. Esa demanda fue rechazada en septiembre de 2000, y en apelación, en marzo de 2001. Franco Basciani, ex obrero de la fábrica Eternit de Niederurnen, cerca de Zurich, interrogado sobre la reconversión a una política de “desarrollo sostenible” de Stephan Schmidheiny, acusado de no adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger a los trabajadores de la planta y a los vecinos de la misma, responde secamente: "Es un ilusionista". 

A las 13,30 horas, ante una sala en pie, el juez Giuseppe Casalbore pronuncia la sentencia: dieciséis años de cárcel para ambos acusados, e indemnizaciones para los sindicatos (100.000 euros), para las asociaciones y las administraciones territoriales (20 millones de euros para la región piamontesa, 25 millones para la ciudad de Casale Monferrato). Luego, en medio de un pesado silencio, comienza la lectura de la lista de personas indemnizadas, que dura tres horas.

En los pasillos, el abogado Jean-Paul Teissonnière, que representa a algunas de las víctimas italianas, señala la importancia del fallo: "Dieciséis años es una pena criminal, porque el caso del amianto es un crimen social. Esta condena muestra que una institución judicial puede comprender la dimensión de lo ocurrido". ¿Cómo no ver el contraste con lo que ocurre en su país? "En Francia seguimos en un estado de negación. El Ministerio fiscal hace todo lo posible para dificultar la investigación. ¡Los fiscales deben dejar de lado la cultura de la sumisión!".

Dieciséis años después de la primera demanda, a pesar de que las condiciones de trabajo eran similares a las de Italia, y que las víctimas también se contaban por miles, se ha declarado incompetente a la jueza Marie-Odile Bertella-Geffroy, de la División de salud pública del Tribunal de Primera Instancia de París, en relación con una parte del caso: el Juzgado de instrucción del Tribunal de Apelación de París anuló, por detalles de procedimiento, la acusación formal de cinco dirigentes de las fábricas Eternit. Ningún fiscal consideró necesario, en dieciséis años, abrir una investigación judicial al respecto. Por último, Eternit acaba de demandar ante la justicia a Jean-Paul Teissonnière, acusándolo de difamación por haber declarado en un reportaje que esa firma seguía "envenenando" a la gente, mientras que desde hace veinte años podía prescindir del amianto (2). En Italia, el Ministerio fiscal es independiente del poder político… 

Conscientes del alcance mundial de ese fallo, los abogados italianos, belgas y franceses están dispuestos a seguir adelante. Tras haber cooperado para analizar la política de Eternit, decidieron crear un foro internacional contra los crímenes industriales: la asociación Interforum. Ésta reúne a abogados e investigadores, y apunta a mantener el vínculo que se creó durante la preparación del proceso. "Hay que evitar que este juicio sea una excepción, pues ha abierto una brecha que debemos ampliar", exhortó Annie Thébaud-Mony, directora honoraria de investigación en el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica de Francia (INSERM), y especialista en cánceres de origen profesional, quien milita desde hace mucho tiempo por la prohibición del amianto (3).

Es el momento de una estrategia coordinada para los próximos meses, pues ya se han presentado varias apelaciones, como ocurrió en Bruselas, donde se condenó a Eternit a pagar 200.000 euros por daños y perjuicios a la familia Jonkheere. "Interforum no va a limitar su campo de acción a Europa. Existen redes que envían deshechos a África, como las baterías que contienen plomo que se envían a Senegal para su reciclaje, y que contaminan a toda una población; existe también la práctica del shipbreaking, que consiste en llevar barcos obsoletos a Asia para que sean desmantelados, en las condiciones laborales que conocemos", indicó la investigadora.

Para los actores del juicio, todo comienza en Turín. El día siguiente al fallo, el fiscal Guariniello expresaba su deseo de que se cree un Ministerio fiscal europeo: "El crimen viaja a la velocidad de la luz, la justicia no puede perseguirlo en una diligencia" (4). 

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NOTAS:

(1) Véase “À Turin, le grand procès de l’amiante”, La valise diplomatique, 7-12-2009, www.monde-diplomatique.fr

(2) Télérama, París, 29-11-2011.

(3) Véase “La stratégie criminelle des industriels de l’amiante”, de Patrick Herman y Annie Thébaud-Mony, Le Monde diplomatique, junio de 2000.

(4) Il Fatto Quotidiano, Roma, 14-2-2012.