La presión sobre sus acuíferos hace saltar las alertas en Doñana y Cazorla

La Confederación toma medidas, pero se resiste a declarar su sobreexplotación

GINÉS DONAIRE Sevilla 29 JUL 2012 - 19:28 CET

 

Invernadero regado con un pozo en la zona de Moguer y Palos (Huelva), próxima a Doñana. /ALEJANDRO RUESGA

Todas las alarmas se han activado en el parque nacional de Doñana y en el parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, los dos principales espacios naturales de la comunidad autónoma. La elevada presión a la que están siendo sometidos sus principales acuíferos, con extracciones masivas de agua para riego y abastecimiento, ha provocado ya la advertencia de varias instancias europeas. Pero la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que ha admitido la situación agónica del acuífero 27 de Doñana y las afecciones del sondeo del Maguillo, en Beas de Segura (Jaén), se resiste a declarar oficialmente la sobreexplotación de ambas masas de aguas subterráneas.

WWF advierte del riesgo para la continuidad de las marismas de Doñana

El último informe de piezometría elaborado por la Confederación para medir la evolución del acuífero Almonte-Marismas llega a las mismas conclusiones que los elaborados en 2008 y en 2009 por la Agencia Andaluza del Agua. Esto es, el acuífero se encuentra en “buen estado” tanto cuantitativo como químico. Sin embargo, se indica que, debido a la presión en el acuífero, este podría verse afectado de manera cuantitativa.

“Las extracciones de agua para regadío y abastecimiento superan lo deseable, provocando el descenso de esos niveles de las aguas subterráneas”, se indica en el informe, donde se añade que en la zona de las marismas se riegan zonas excluidas de las concesiones.

La Confederación del Guadalquivir propone un plan de control de las explotaciones agrarias ilegales, con la clausura de las mismas, así como actuaciones que permitan una gestión sostenible del acuífero.

Los sondeos en el parque de Cazorla siguen pese al reproche de la UE

Sin embargo, la organización ecologista WWF considera insuficientes esas medidas y exige que se declare el acuífero como sobreexplotado, iniciar acciones legales y la clausura de las extracciones e infraestructuras ilegales, elaborar un plan de extracciones del acuífero y aprobar el Plan Especial de la Corona Forestal de Doñana. WWF, que alerta del riesgo para las marismas de Doñana, considera que más de 1.000 pozos ilegales continúan extrayendo agua de Doñana, una situación que también han reprochado organismos como la UNESCO o Ramsar.

El sondeo del Maguillo también está enfrentando a los regantes con colectivos ecologistas y la plataforma Valles Verdes, que logró la paralización de las extracciones tras el expediente abierto por la UE por presunta vulneración de la directiva marco de aguas comunitarias. La comunidad de regantes Beas de Segura cuenta desde 2007 con una concesión para riego de 300 hectáreas de olivar fuera del perímetro del parque de Cazorla, Segura y Las Villas, con un máximo de 1.500 hectómetros cúbicos por hectárea.

Pero, tras la denuncia de Valles Verdes, el servicio de guardería de la Confederación detectó que se estaban regando 56 hectáreas que no estaban dentro de la concesión que se había otorgado, por lo que ordenó la suspensión del sondeo y abrió dos expedientes sancionadores.

Sin embargo, el portavoz de la plataforma, Rafael Gálvez, ha denunciado que la Confederación sigue consintiendo los sondeos sin poner freno a las afecciones denunciadas por la UE y permitiendo la desecación de los manantiales y arroyos del parque natural y la drástica reducción de aporte de agua al río Beas, del que dependen los habitantes de Beas de Segura.

“Esta dejación de sus responsabilidades muestra que estas autoridades competentes ceden escandalosamente ante los intereses de un colectivo privado anteponiéndolos al interés común y al respeto de la legislación europea, como ya tuvo ocasión de recriminárselo el Defensor del Pueblo español”, se indica desde Valles Verdes y Ecologistas en Acción.

Pero la Unión de Pequeños Agricultores de Andalucía (UPA) ha anunciado acciones legales contra la plataforma Valles Verdes por difamación. “Son pozos legales, los regantes no han sobrepasado el límite de agua estipulado en la concesión y la posible sobreexplotación es achacable al conjunto de extracciones de los acuíferos del parque”, dice Agustín Rodríguez, secretario de UPA-A, tras lamentar la “alarma” generada entre los regantes de Beas.

Con todo, desde la Confederación hay un reconocimiento implícito de la agónica situación de este acuífero al proponer medidas como un aporte forzado a la fuente del Maguillo de un caudal de al menos un litro por segundo; un programa de seguimiento de la evolución de los niveles piezométricos y del cumplimiento de este régimen de caudales; y un estudio por parte del Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que incluirá los ensayos necesarios para buscar alternativas al actual sistema de explotación que garanticen el fin de las afecciones detectadas.

60 pozos cubren el 25% del consumo

En la cuenca del Guadalquivir hay identificadas 60 masas de agua subterránea, con una recarga media de 2.720 hectómetros cúbicos. De todos esos pozos se extraen cada año unos 900 hectómetros cúbicos, lo que representa algo menos del 25% de todo el volumen consumido en la cuenca, según los datos de la Confederación. Al igual que ocurre con los pantanos, la mayor parte del agua que se extrae de los pozos subterráneos va dirigida a los regadíos agrícolas, en concreto 833 hectómetros cúbicos, frente a 56 para el abastecimiento humano y 11 para otros usos industriales. Los regadíos acaparan, pues, más del 80% de los usos del agua.

Solo cuatro masas de aguas subterráneas cuentan con la declaración de sobreexplotación en la cuenca del Guadalquivir, una sobreexplotación que afecta a alguno de los acuíferos que la componen. Son las de Mancha Real-Pegalajar y Guadahortuna-Larva, ambas en la comarca de Sierra Mágina de la provincia de Jaén, y Sevilla-Carmona y Aljarafe, ambas en el área metropolitana de la provincia hispalense.

El manantial de la Fuente de la Reja, que era el derrame natural más importante del acuífero Mancha Real-Pegalajar, ha sido el caso más conocido de sobreexplotación en los últimos años. La fuente, que a principios de los años ochenta aportaba hasta 30 litros por segundo, asistió a su desecación en 1988 por la proliferación de pozos en el entorno de Sierra Mágina. Hoy, los vecinos de Pegalajar ven de nuevo impasibles cómo La Charca, el símbolo de ese manantial, ha vuelto a secarse.

Las organizaciones ecologistas reclaman a la Confederación del Guadalquivir que declare también la sobreexplotación del acuífero 27 de Doñana. Precisamente, el pleno del Consejo de Participación de Doñana se reúne este lunes en Almonte (Huelva) y uno de los temas que abordará, a petición de WWW, será la situación del citado acuífero, que surte de agua a Doñana, informa Efe. Hay que recordar que el estudio de piezometría del pasado mes de mayo ratificó un descenso en los niveles del agua subterránea en la mayoría de los puntos analizados, confirmando el riesgo existente para la continuidad de las marismas del parque nacional.

La Directiva Marco del Agua fija en el año 2015 el horizonte para lograr el buen estado cuantitativo y químico de los acuíferos. Pero hasta hace unos años, la mitad de las 71 unidades hidrogeológicas (conjunto de acuíferos) de Andalucía estaban en riesgo de incumplir los objetivos de esa Directiva. Para lograr que los acuíferos no alteren el estado medioambiental de aguas superficiales, los expertos creen necesario mejorar las prácticas agrícolas, sobre todo las que provocan la contaminación por el uso de abonos.