Serie Elecciones Generales 20-N

La participación ciudadana en las políticas públicas de medio ambiente: Antecedentes y punto de partida.

Un partido político ante unas elecciones tiene una serie de obligaciones: la de identificar y definir los problemas que tiene la sociedad a la que representa, la priorización de los mismos, en este punto no cabe duda que el desempleo es el nº 1, en eso todos estamos de acuerdo, la obligación de proporcionar la información que se maneja, la explicación de la misma, los criterios que se establecen, las restricciones a las que se obliga en la toma de decisiones, los plazos de ejecución de la acciones y el cumplimiento de las respuestas que esperan los ciudadanos.

Pero vamos a la PARTICIPACIÓN en la toma de DECISIONES PÚBLICAS que en la totalidad de las políticas es conveniente pero que en el caso del medio ambiente es absolutamente imprescindible. ¿Por qué? La razón para mi es la necesidad de compromiso que el gobierno entrante tiene ante la lucha contra el  CAMBIO CLIMÁTICO, que para muchos ciudadanos es el principal problema y reto que tiene la humanidad. Por tanto, este problema tiene que estar recogido entre los asuntos prioritarios, no sólo para los ciudadanos españoles sino también por los compromisos adquiridos en el marco de la Unión Europea y de la Organización de Naciones Unidas. La PARTICIPACIÓN se convierte en uno de esos mecanismos que garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

El Cambio Climático es un problema complicado y difícil, porque hay muchos intereses creados y contrapuestos, porque es muy vulnerable a los poderes económicos dominantes y muy dado a mantener posiciones intransigentes. La participación ciudadana garantiza no sólo la opinión contrastada a la hora de tomar decisiones públicas, sino el control, evaluación y la seguridad que las decisiones estén más equilibradas. Pero la promoción y el desarrollo de la participación entra a formar parte de la voluntad política, es decir de los decisores de lo público, y por tanto no está garantizada ni mucho menos.

Si esa voluntad política de participación ciudadana existiese podría estar focalizada en la gestión como decía Moore: "La gestión política que proviene del poder político que ejercen los partidos políticos, es una función importante pública que ha menudo necesita la colaboración de actores que están fuera del ámbito  de su autoridad directa y que actúen como un entorno autorizador". O bien como principio rector de la acción política como dice Jordi Borja: "una administración justa y activa y unos programas ambiciosos destinados a mejorar el bienestar de la ciudadanía son condiciones previas al desarrollo de la participación. Por lo tanto la participación requiere una triple credibilidad del Estado: que se considere democrático, honesto y eficiente.

Pero no puedo pasar por alto los antecedentes en las políticas públicas de medio ambiente a nivel estatal. En España, se pueden identificar varios procesos o etapas dentro de las políticas públicas de medio ambiente. Me centraré en la PARTICIPACIÓN, en la etapa anterior del PSOE y durante los gobiernos posteriores del Partido Popular. En 1994 se creo por Real Decreto el órgano participativo por excelencia; el CONSEJO ASESOR de MEDIO AMBIENTE cuyo objetivo principal era favorecer la participación de actores de intereses distintos en las políticas públicas gubernamentales en este ámbito. En este Consejo estaban representados desde la Confederación de Asociaciones de Vecinos, a sindicatos, conservacionistas, Consejo de la Juventud, consumidores, Consejo Superior de Cámaras, organizaciones profesionales, regantes, científicos y expertos de reconocido prestigio, etc.

Sin duda, fueron muchas las iniciativas puestas en marcha y grupos de trabajo (doy fe de ello porque estaba allí), pero duró poco. En 1996 gobernando ya el Partido Popular y creando un Ministerio de Medio Ambiente dirigido por una experta nuclear modificó el Real Decreto, según argumentaban para potenciarlo, pero lo que hicieron de verdad es quedar sin contenido al Consejo.

La creación del Ministerio de Medio Ambiente por parte del Partido Popular, fue uno de los gestos más significativos del Gobierno de Aznar, pero se quedó solamente en eso, porque las acciones demostraron todo lo contrario: El Plan Hidrológico Nacional, la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, el Plan Forestal, o toda España es susceptible de urbanizarse o lo más notorio que fue no asumir el compromiso adquirido en la reducción de gases contaminantes de efecto invernadero.

Con respecto a la PARTICIPACIÓN el Gobierno del Partido Popular firmó el Convenio de Aarhus que recogía el papel de los actores en las políticas públicas pero al entrar en vigor, 30 de octubre de 2001, el Gobierno Popular no lo ratifica. El Convenio de Aarhus y la garantía de PARTICIPAR en decisiones ambientales se ratificó con la entrada del PSOE en el año 2004 y entró en vigor el 31 de marzo de 2005. ¿Qué pasará a partir del 20-N? Seguramente podamos saberlo antes de esa fecha, pero eso será materia de mis dos próximas entregas.