El Senado pide al Gobierno que modifique la Ley de Costas
Coalición Canaria, PNV, Grupo Mixto, y Grupo Popular han consensuado una transaccional por la que piden al Ejecutivo que se cambie la norma de 1988 para compatibilizar asimismo los derechos de las personas físicas y jurídicas con propiedades en zonas del litoral.
La iniciativa insta también al Gobierno a flexibilizar los requisitos y clarificar el régimen de ocupación del dominio público marítimo terrestre para favorecer una aplicación homogénea de los mismos a las concesiones y autorizaciones de ocupación por parte de establecimientos de comidas y bebidas en el litoral, teniendo en cuenta los intereses de todos los ciudadanos.
También se insta a adecuar la compensación de los derechos adquiridos de buena fe y de forma legítima con anterioridad a la aplicación de la vigente ley restableciendo la seguridad jurídica.
Paralización de actuaciones
Finalmente piden que se estudie la paralización de actuaciones derivadas de la aplicación de la citada ley, hasta que se pueda modificar la misma, cancelando todos los actos administrativos.
Durante el debate, la senadora del Grupo Popular Patricia Navarro ha expresado sus satisfacción por sacar adelante una iniciativa, que tiene como objetivo mejorar la seguridad jurídica de los titulares de derechos en la costas, que se han visto afectados por una aplicación "torticera" de la ley.
No "todo vale"
Por el grupos catalán (CIU), la senadora Monserrat Candini ha dado la bienvenida a la modificación, pero ha matizado que ello no debe interpretarse como un "todo vale".
También el senador Narvay Quintero, de Coalición Canaria, se ha mostrado satisfecho con la petición del cambio y ha defendido que se cuente con las entidades locales y las CCAA.
Desde el PNV, la senadora Miren Loren Leanzaburrutia ha calificado la ley de "arbitraria" y ha apuntado concretamente al artículo 8 como la fuente de todos los "desmanes" habidos contra la propiedad privada.
En contra de la modificación, el senador del grupo socialista Miguel Fidalgo ha calificado de "error" esta iniciativa por lo que supone de "paso atrás" que abre la puerta a la privatización del litoral.
También Joan Saura de Entesa Progres se ha opuesto a la modificación y ha juzgado que la ley de costas ha sido el único instrumento en defensa de un litoral muy degradado por la especulación del ladrillo. EFEverde
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