La oposición rechazará de plano hoy la ley que permite edificar en suelo rural
Los abogados de la Comunidad cuestionan las prisas en la tramitación de la norma
El Parlamento regional cierra esta tarde por vacaciones con el Gobierno y los tres partidos de la oposición a cara de perro por la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, la culminación de una de las promesas electorales de Aguirre en los comicios autonómicos del año pasado: “Desarrollar una nueva ley de urbanizaciones sostenibles en el ámbito rural”. La oposición presentará enmiendas a la totalidad de la normativa.
“Pretendemos facilitar a los madrileños que lo deseen vivir en el campo”, argumenta el vicepresidente Ignacio González, sobre una ley que permitirá construir, a partir de más de seis hectáreas, en suelo rural que no esté protegido ambientalmente y con una superficie máxima de ocupación del 1,5%. Los propietarios del suelo correrán con todos los gastos derivados del suministro de agua, energía eléctrica, gas, telefonía, recogida de basuras, transportes y accesos.
La visión del PP contrasta con la del resto de formaciones. El diputado socialista Antonio Fernández Gordillo entiende que la nueva normativa “nos retrotrae a tiempos del lejano Oeste”. “Es lo que supone diseminar parcelas de 60.000 metros cuadrados por todo el suelo rural de nuestra región sin los mínimos servicios de suministro de agua, de luz o de tratamiento de aguas fecales”, critica.
Carmen Villares, diputada de Izquierda Unida, piensa que “contraviene lasleyes protectoras del medio ambienteque limitan las emisiones, vertidos, excavaciones, extracciones en el suelo que pueden perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales”. Gabriel López, de UPyD, considera que “carece de soluciones reales para las necesidades de vivienda de los ciudadanos de la Comunidad” y apuesta “por un urbanismo disperso que multiplica innecesariamente las infraestructuras, frente al modelo de ciudad compacto que recomiendan los expertos europeos”.
Los mismos Servicios Jurídicos de la Comunidad cuestionan las prisas del Gobierno, destacando “la ausencia de elementos suficientes para apreciar y valorar los motivos de oportunidad y necesidad del anteproyecto, circunstancia relevante dado que nos hallamos ante una normativa especial”. La plataforma Antivirus, de la que forma parte Ecologistas en Acción, insiste en que “no responde a ninguna necesidad. “La legislación actual ya contempla la posibilidad de vivienda asociada a actividades rurales, además de existir miles de parcelas no ocupadas en urbanizaciones dispersas”.
A los servicios jurídicos de la Comunidad también le llama la atención que no se concreten las materias primas que se podrán utilizar en las futuras residencias campestres. De hecho “sugieren un esfuerzo de concreción que ayude a mitigar la generalidad de ciertas expresiones como ‘deberán utilizarse materiales que produzcan el menor impacto y que favorezcan la integración en el entorno inmediato y en el paisaje’ o ‘las características tipológicas y estéticas serán las adecuadas a la ubicación y a su integración en el entorno”.
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