El sector fotovoltaico en Castilla-La Mancha pierde 4.100 empleos desde 2010

Toledo, 17 dic (EFE).- El sector fotovoltaico en Castilla-La Mancha, la región que más produce este tipo de energía en España, ha perdido alrededor de 4.100 puestos de trabajo desde 2010, año a partir del cual se ha producido una "intensa" regulación legislativa en el sector que ha tenido una relación "directa" con el empleo.

En la actualidad, el sector fotovoltaico emplea a casi 3.500 personas en Castilla-La Mancha según datos de la Unión Española de Fotovoltaicas (UNEF), una federación que aglutina a las cuatro asociaciones fotovoltaicas de ámbito nacional.

En una entrevista con Efe, la delegada regional de UNEF en Castilla-La Mancha, Patricia Ruiz, considera que las regulaciones del Estado "no están justificadas", son "desorbitadas" y tienen "carácter retroactivo", por lo que, a su juicio, las pérdidas de empleo que han tenido lugar están "directamente relacionadas" con los cambios legislativos.

Desde el año 2010 hasta el momento el Gobierno central ha aprobado cinco Reales Decretos (RD) y un Real Decreto Ley que afectan al sector fotovoltaico, ha incluido un artículo en la Ley de Economía Sostenible y ha modificados otros RD.

Ruiz asegura que los más afectados por esta regulación han sido los pequeños productores de Castilla-La Mancha, que son los más abundantes porque de las 11.192 instalaciones fotovoltaicas de la región 11.145 cuentan con un rango de potencia inferior a 0,1 megawatios, según datos de la Comisión Nacional de Energía.

Así, el RD 1565/2010 obliga a hacer cambios de carácter técnico que, según Patricia Ruiz, alcanzan un gasto de 3.000 euros cada 100 kilowatios y son "absolutamente innecesarios".

También se limita el tiempo por el que los productores van a percibir ayudas económicas, que antes era indefinido y ahora ha pasado a fijarse en 25 años.

"En Castilla-La Mancha luce el sol y nosotros nos aprovechamos de eso", continúa la delegada regional de UNEF, pero el RD Ley 14/2010 también limita el tiempo de producción, por lo que en su opinión la ley "prima la ineficacia".

En representación de 274 inversores particulares de Castilla-La Mancha, Patricia Ruiz ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1565 y asegura que la institución judicial acumula ya más de cien recursos del mismo tipo de otros inversores en España.

Explica que entre los cambios regulatorios y los abogados ha gastado ya cerca de 80.000 euros y ha tenido que prescindir de la mitad de su plantilla, que ha pasado de 60 a 30 trabajadores.

Patricia Ruiz tiene instalados 900 kilowatios de potencia en la provincia de Albacete.

En la región hay, además, tres empresas que fabrican seguidores, dos que fabrican módulos, una más de silicio, otra de obleas y una que fabrica células, según datos de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF).

Todos ellos se están viendo afectados por la situación de los productores.

Ruiz agrega que estas empresas han dejado de tener pedidos en España, así que se han visto obligados a dar el salto internacional y compiten en el extranjero con grandes empresas que tienen costes menores.

Las ayudas económicas a esta energía han pasado de 47,5 céntimos por kilowatio hora producido en el año 2008 a los actuales 14 céntimos, según la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA por sus siglas en inglés). EFE