El PSOE tacha la Ley de Costas de "atentado ecológico.

Foto: AYUNTAMIENTO ÁGUILAS

CiU lamenta que se desaproveche este proyecto de ley para tener en cuenta el impacto del cambio climático en las costas españolas

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso en materia medioambiental, José Luis Ábalos, ha tachado la Ley de Costas de "atentado ecológico" y de"sinsentido económico" para satisfacción de "unos pocos privilegiados, al mismo tiempo que su 'colega' de ICV, Laia Ortiz, plantea en nombre de laIzquierda Plural (IU-ICV-CHA) un nuevo proceso de deslinde de las costas.

Así se desprende del paquete de enmiendas parciales que los grupos han presentado a la reforma de la Ley de Costas, actualmente en trámite parlamentario, a las que ha tenido acceso Europa Press. Ábalos considera con ello que esta nueva normativa supondría una decisión "firme" para privatizar y sobreexplotar el litoral, a la vez que potenciará la especulación en la costa actualmente protegida en detrimento del patrimonio de todos.

"El PSOE va a seguir planteando su alternativa a este modelo especulativo y favorecedor de interesas con nombres y apellidos. Nuestro grupo está en total desacuerdo con la reducción del dominio público marítimo-terrestre y de las zonas de servidumbre de protección y por eso pretendemos mantener los de la Ley actual", ha subrayado.

En este sentido, precisa que las excepcionalidades injustificadas para excluir núcleos urbanos o la isla de Formentera carecen de justificación y además suponen un agravio comparativo respecto a otros núcleos de población que quedan fuera de la Ley estando en circunstancias similares. 

RESPETAR LA ACTUAL LEY

En concreto, el proyecto defiende una prórroga de concesiones de 75 años y el Grupo Socialista se opone a "este privilegio" porque, según opinan, hipoteca un recurso natural con actividades "impropias" de este siglo. "Nuestra posición es la de respetar los plazos de concesión de la Ley de costas de 1988, de modo que puedan recuperarse para el pleno disfrute común los terrenos que hoy ocupan", agrega.

"Las industrias y actividades económicas que pretendan seguir ocupando la zona de dominio público en el litoral deben solicitar nuevas concesiones y adaptarse a un uso adecuado no contaminante, compatible con la conservación del medio natural, algo que con la Ley del PP no queda en absoluto garantizado", añade.

Para garantizar la existencia de un medio eficaz que evite posibles actuaciones en las zonas protegidas, desde el PSOE plantean la creación de una Agencia de Evaluación Urbanística y de Suelo conjunta de Estado, comunidades autónomas y una representación municipal, que vigile el respeto de la legalidad urbanística, ambiental y de costas, con facultades para la suspensión de actos y acuerdos.

Ante la ausencia de un estudio del impacto del Cambio climático,"imprescindible antes de acometer un proyecto que determinará el uso de la costa a largo plazo", el PSOE presenta otra enmienda que obligaría al Gobierno a presentar un informe al año de la aprobación de la Ley sobre los efectos del cambio climático en la costa.

CRITERIOS ARBITRARIOS

Desde ICV, Laia Ortiz, ve "arbitrario e impreciso" el criterio para incluir determinadas dunas en el dominio marítimo terrestre, ya que cree que no se aclara cómo se va a determinar si las dunas son o no necesarias para mantener la playa.

Por otro lado, subraya que la concesión por 75 años supone una"privatización de facto" y, con este cambio en las concesiones, en lugar de vencer en 2018, fecha establecida por la actual Ley de costas y que según la misma podría revisarse y otorgarse de nuevo, pasan a disfrutarse durante otros 75 años.

"El desmesurado plazo que propugna el proyecto supone una renuncia del Estado al debido control y protección del dominio público marítimo terrestre, ya que se traslada el problema a dos generaciones y media de propietarios y empresas, en perjuicio del interés público. 75 años es, en la práctica, privatizar la costa", apostilla.

Además, opina que con esta decisión se encarece "extraordinariamente" el dinero que tendría que pagar el Estado por su rescate o expropiación de los derechos concesionales cuando los espacios demaniales concesionados fueran necesarios (seguridad y defensa ante la mar, construcción de puertos o actuaciones urgentes de recuperación del litoral por ejemplo).

Es más, propone que las servidumbres contempladas en la vigente Ley de Costas han demostrado ser un instrumento normativo de protección de"enorme utilidad" para el litoral. Por ello, opina que se deben ampliar, con carácter general, a 200 metros, eliminando la posibilidad de edificar nuevas construcciones a menos de dicha distancia del dominio público marítimo-terrestre.

De hecho, apunta que la propia utilidad de este sistema de protección ha llevado a que varias comunidades autónomas las amplíen, como ya es el caso de los planes de ordenación del litoral de Asturias o Cantabria, que impiden la urbanización en los primeros 500 metros. Por otro lado, considera que el plazo de las concesiones que se otorguen en los bienes adscritos no debe ser superior a 30 años.

UN NUEVO PROCESO DE DESLINDE

De igual forma, propone que, en el plazo de dos años, el Gobierno lleve a cabo el trazado de un nuevo deslinde para las zonas de riesgo que se identifiquen en el proyecto 'Cambio Climático en la Costa de España - C3E' del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, basado en el efecto potencial del Cambio Climático recogido en los escenarios que se recogen en el Quinto Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) a publicar en 2014.

En cualquier caso, avisa de que este deslinde deberá llevarse a cabo en coherencia con las conclusiones y recomendaciones derivadas de instrumentos europeos como la plataforma CLIMATE-ADAPT o la Estrategia Europea de Adaptación al Cambio Climático, cuya aprobación está prevista por la comisión Europea en primavera de 2013.

"El proceso de nuevo deslinde se deberá llevar a cabo de forma participativa en el marco del Consejo Asesor de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente", incide.

Además, plantea la creación de un fondo para la adquisición de fincas y terrenos colindantes con el dominio público marítimo terrestre, con el fin de preservar los parajes vírgenes de las costas. "El Gobierno dotará anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado una partida destinada a tal efecto", puntualiza en su enmienda.

Desde CiU, ven conveniente que se considere un río o una acequia como un bien de dominio público marítimo-terrestre y que se tenga siempre en cuenta, además del supuesto del efecto de las mareas y la filtración del agua del mar, los periodos estacionales, sobre todo las épocas de sequía, y la apertura artificial y dragado de la desembocadura del río a mar abierto.

Por otro lado, recuerda en sus enmiendas parciales que en Cataluña es la Generalitat quien otorga las autorizaciones en zona de servidumbre de tránsito, de acuerdo con las competencias traspasadas por decreto en 2008.

Finalmente, propone en sus enmiendas que la reforma de la ley de Costas sea también una oportunidad para proteger las costas frente a la amenaza del cambio climático. "No parece haberse aprovechado. En el proyecto de ley no existe ninguna mención a los posibles efectos del cambio climático en la costa", sentencian los nacionalistas catalanes.