Los españoles opinan sobre RIO+20 y el papel que deberían jugar empresas y gobiernos.
El 68% desconfían de las instituciones internacionales y no creen probable que se establezcan acuerdos vinculantes en la próxima Cumbre de la Tierra. Reclaman más regulación e instrumentos que permitan penalizar a los infractores e incentivar a quienes mantengan prácticas sostenibles.
Fundación Entorno-BCSD España ha recogido la opinión de más de 340 expertos para conocer la posición de los españoles en torno a qué marco político debería acordarse en RIO+20 para fomentar una economía sostenible.
Estas son algunas de las principales conclusiones que nos han hecho llegar:
COMPROMISO
• Los ciudadanos y las empresas desconfían de las instituciones internacionales.
Tan solo un 32% de los encuestados confían en que los gobiernos puedan comprometerse con un objetivo común en RIO+20, destacando la poca la confianza que muestra el propio tejido empresarial (el 67% de las empresas participantes no creen que la cumbre sirva para mucho)
• No creen que se puedan establecer acuerdos vinculantes a nivel global con metas y objetivos concretos.
En caso de llegar a un compromiso, el 92% de los participantes creen que no sería demasiado efectivo ya que se necesita una hoja de ruta que concrete metas e hitos intermedios.
• Gana el terreno de juego a nivel nacional
En este sentido, el 66% de las personas consultadas consideraría los Objetivos del Milenio como un buen punto de partida sobre el que diseñar dicha hoja de ruta, siempre y cuando se concretaran programas a nivel nacional y regional.
LA SOCIEDAD CIVIL TIENE LA PALABRA
• Expertos y empresas consideran clave el papel a jugar por ciudadanos y consumidores en el cambio hacia una sociedad más justa y sostenible.
Casi el 80% de los participantes en la encuesta señala que la comprensión por parte del público en general sobre qué es y qué implica al desarrollo sostenible es clave para garantizar el éxito del cambio.
• Sin embargo, el 67% de los encuestados reconocen que los españoles estamos poco o nada informados sobre nuestra capacidad de actuar a favor del desarrollo sostenible.
• En el ámbito profesional, proponen casi por unanimidad (94%) que los riesgos y los costes derivados de no actuar se incluyan en la formación académica.
REGULACIÓN
• La mayoría de los encuestados consideran insuficientes los acuerdos voluntarios y las buenas prácticas en materia de RSC.
El 92% de los encuestados opinan que las buenas prácticas deberían convertirse en estándares.
• Reclaman más regulación e instrumentos que permitan penalizar a los infractores e incentivar a quienes mantengan prácticas sostenibles.
El 85% coinciden en apuntar la necesidad de una reforma fiscal y presupuestaria a favor de una economía verde. El 87% también apoya una reforma del mercado financiero para favorecer la inversión en esta misma dirección.
La regulación debería combinarse con otras medidas incentivadoras como la compra y contratación pública (esencial para el 75% de los expertos consultados) o la cobertura de riesgos (apoyada por el 70% de los participantes).
El 90% de los expertos abogan además por mecanismos de control y seguimiento que permitan conocer los avances y proyectar mejoras asumibles.
Además, el 88% de los participantes apoyan el hecho de penalizar las infracciones.
NUEVO PIB
• El 92% de los expertos coinciden en que es necesario complementar el PIB con indicadores que permitieran medir el progreso en términos de preservación de la riqueza natural y bienestar social.
• Además coinciden en apuntar que cualquier organización con cierto nivel de influencia, deberá comunicar sus resultados en clave económica, ambiental y social.
COORDINACIÓN
• La mayoría de los expertos (93%) creen imprescindible la coordinación de los diferentes departamentos y administraciones públicas para hacer posible una verdadera política económica y social orientada a la sostenibilidad.
• El consenso y compromiso de los diferentes agentes también será clave. En este sentido, los españoles no confían en la actual manera de trabajar de empresas, gobiernos y sindicatos.
Empresas, gobiernos y sindicatos deberán ganarse la confianza de los españoles (tan solo parecen confiar en ellos el 26%, 34% y 24% de los encuestados respectivamente) ya que la mayoría de los encuestados apuntan a las ONGs y organizaciones de consumidores como los protagonistas del cambio (señaladas por el 81% y el 72% de los expertos respectivamente).
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