PSOE rechaza la privatización de la inspección ambiental

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MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso en medio ambiente, José Luis Ábalos, ha rechazado la privatización de la inspección ambiental que a su juicio impone el Gobierno en la refundada Ley de Contaminación que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.

Se trata del proyecto de Ley por la que se modifican la Ley de 2002 de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley de 2011 de residuos y suelos contaminados, actualmente en trámite parlamentario, que refunda dos textos normativos para trasponer la directiva europea de 2010 sobre emisiones industriales.

"Este proyecto de ley refleja en su conjunto la absoluta falta de convicción del Gobierno a la hora de articular un sistema creíble de protección ambiental", según ha destacado Ábalos.

A su juicio, privatizar la inspección ambiental prevista por el proyecto de ley pone en riesgo su independencia y es "otra expresión evidente más" de que el Gobierno no conoce límites en su afán por privatizar absolutamente todo lo que hasta ahora es servicio o bien públicos".

Es más, considera que sólo una autoridad pública tiene las máximas garantías de independencia y sujeción a la Ley, sin influencia del interés privado.

El portavoz socialista advierte además de que el proyecto de ley del PP permite sustituir los inspectores ambientales, funcionarios independientes y especializados, sometidos a la Ley y con obligación de velar su estricto cumplimiento, "por una especie de controladores de aparcamiento sin exigencia de formación que se deben a empresas privadas".

Con ello, deduce que de "esas empresas terminan por cobrar un alto precio a las Administraciones, así que finalmente resulta una pérdida de calidad y fiabilidad del servicio con nulo ahorro para el presupuesto público".

Además de ese aspecto, el Grupo Socialista quiere eliminar de la Ley la facultad de exceptuar sin control previo los valores límite de emisión que, precisamente, cree que son el objeto fundamental de la tarea preventiva.

"La posibilidad de autorizar una contaminación excesiva y a la carta, termina de completar un panorama que desvirtúa la esencia de la Ley, que debería ser la que menciona su título: la prevención y el control de la contaminación", ha subrayado Ábalos.

Es más, considera que el Gobierno ha desoído las observaciones del dictamen del Consejo de Estado, al mismo tiempo que lamenta que, pese a su impacto económico sobre una parte importante del tejido empresarial, cifrado por el Gobierno en 6.100 instalaciones industriales, "ni se ha pedido informe al Consejo Económico y Social, ni existe ninguna mención en la Memoria de acompañamiento al impacto económico de la Ley".

En relación a la directiva que se incorpora a través del proyecto, el Grupo Socialista considera que contiene aspectos positivos, pero la orientación gubernamental se ha dirigido a reducir al mínimo las normas y el sistema de protección ambiental, "por lo que resulta por completo rechazable", ha insistido Ábalos, porque "en la regulación añadida por el Gobierno existe una firme voluntad de desmantelar el valor y la efectividad de esta norma".

Es más, ve "claramente insuficiente" la regulación de los aspectos de información pública y de participación de los interesados para que puedan complementar la inspección y el control públicos de las empresas que contaminan.

En su opinión, falta transparencia y proactividad porque no se contempla la publicación de las informaciones sobre los expedientes de Autorización Ambiental Integrada de las que dispone la Administración y tampoco se prevén fórmulas de denuncia de los interesados para poner en marcha inspecciones cuando detecten incumplimientos.

Por otro lado, el portavoz socialista ha criticado el comportamiento del PP y del Gobierno por "menospreciar a la oposición" cuando "impiden los debates en el pleno y fuerzan el trámite de urgencia para atropellar a la oposición con el rodillo de su mayoría, para más tarde concederse todo el tiempo del mundo en estudiar las enmiendas", poniendo en evidencia "la incapacidad del Gobierno para asumir los plazos que impone
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