El juez que investiga un expolio de aves se inhibe a favor de 10 juzgados.
Sevilla, 25 sep (EFEverde).- El juez que investiga un
presunto expolio de aves rapaces protegidas se ha inhibido a favor de
diez juzgados de toda España, lo que elimina la acusación de formar
parte de una red organizada que imputó a los 12 acusados, entre ellos el
director del centro de cría del águila imperial de San Jerónimo
(Sevilla).
Imagen de archivo de un ejemplar de Ratonero Moro, una ave rapaz tipicamente africana
El juez de instrucción 1 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla), en un
auto al que ha tenido acceso Efe, acuerda inhibirse a favor de juzgados
de Jaén, Córdoba, Ciudad Real, Coín (Málaga), Baracaldo (Vizcaya),
Bilbao, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), Lorca (Murcia) y Avilés y
Cangas (Asturias), donde viven los cetreros y aficionados imputados.
El juez señala que "de las diligencias de investigación hasta ahora practicadas" se infiere que los hechos tuvieron lugar en el partido judicial de los citados juzgados, que a partir de ahora investigarán el caso.
Entre otros, acuerda inhibirse a favor de un juzgado de Sevilla en lo que respecta a José Luis A.R., director del centro de cría del águila imperial de San Jerónimo y los trabajadores Agustín M.M. y Salvador P.P.
En el verano de 2011, la Guardia Civil detuvo a 16 personas en la denominada "Operación Horus" y en un informe posterior entregado al juzgado aseguró que los responsables del centro de San Jerónimo habían creado una "especie de supermercado de animales", que repartían de forma "descontrolada", incluso para que sus hijos jugasen con ellos.
Los implicados, según la Guardia Civil, robaban huevos y pollos de águila imperial del medio natural y los llevaban al centro de Sevilla, donde los presentaban como nacidos en este centro para seguir cobrando subvenciones de la administración andaluza.
En otro auto, el juez valida los "pinchazos" telefónicos a los imputados porque se deben acordar no en función de la pena de cárcel que lleve aparejado el delito, sino por otros criterios como "el bien jurídico protegido y la relevancia social de los hechos".
Además, al autorizarlos valoró los indicios aportados por la Guardia Civil y los "numerosos elementos fácticos que relacionaban a las personas inicialmente investigadas", aunque "sin constituir una prueba acabada sobre la comisión del delito".
El bufete sevillano Salas y Donaire, que defiende a tres de los denunciados, ha lamentado a Efe que el juez haya estado un año y medio instruyendo un asunto para el que no era competente, y pese a que ahora reconoce que "no existe organización criminal, lo que podría haber justificado su competencia".
Han añadido que el asunto "fue aireado en prensa por la propia Guardia Civil como un caso escandaloso", y como consecuencia de ello y de las actuaciones del juzgado, "la Junta ha dejado en compás de espera el programa de reintroducción del águila imperial".
Ahora, los expertos de la Junta "se niegan a salir al campo a seguir capturando pollos de águila ante el miedo de que sean acusados de expolio", con lo que "las cifras de recuperación han bajado de forma ostentosa" y el centro "está paralizado".
A juicio de los defensores, el error cometido al "confundir a científicos con expoliadores" ha paralizado "un proyecto medioambiental ejemplar, reconocido internacionalmente y originando un verdadero daño a una especie en peligro de extinción". EFEverde
El juez señala que "de las diligencias de investigación hasta ahora practicadas" se infiere que los hechos tuvieron lugar en el partido judicial de los citados juzgados, que a partir de ahora investigarán el caso.
Entre otros, acuerda inhibirse a favor de un juzgado de Sevilla en lo que respecta a José Luis A.R., director del centro de cría del águila imperial de San Jerónimo y los trabajadores Agustín M.M. y Salvador P.P.
En el verano de 2011, la Guardia Civil detuvo a 16 personas en la denominada "Operación Horus" y en un informe posterior entregado al juzgado aseguró que los responsables del centro de San Jerónimo habían creado una "especie de supermercado de animales", que repartían de forma "descontrolada", incluso para que sus hijos jugasen con ellos.
Los implicados, según la Guardia Civil, robaban huevos y pollos de águila imperial del medio natural y los llevaban al centro de Sevilla, donde los presentaban como nacidos en este centro para seguir cobrando subvenciones de la administración andaluza.
En otro auto, el juez valida los "pinchazos" telefónicos a los imputados porque se deben acordar no en función de la pena de cárcel que lleve aparejado el delito, sino por otros criterios como "el bien jurídico protegido y la relevancia social de los hechos".
Además, al autorizarlos valoró los indicios aportados por la Guardia Civil y los "numerosos elementos fácticos que relacionaban a las personas inicialmente investigadas", aunque "sin constituir una prueba acabada sobre la comisión del delito".
El bufete sevillano Salas y Donaire, que defiende a tres de los denunciados, ha lamentado a Efe que el juez haya estado un año y medio instruyendo un asunto para el que no era competente, y pese a que ahora reconoce que "no existe organización criminal, lo que podría haber justificado su competencia".
Han añadido que el asunto "fue aireado en prensa por la propia Guardia Civil como un caso escandaloso", y como consecuencia de ello y de las actuaciones del juzgado, "la Junta ha dejado en compás de espera el programa de reintroducción del águila imperial".
Ahora, los expertos de la Junta "se niegan a salir al campo a seguir capturando pollos de águila ante el miedo de que sean acusados de expolio", con lo que "las cifras de recuperación han bajado de forma ostentosa" y el centro "está paralizado".
A juicio de los defensores, el error cometido al "confundir a científicos con expoliadores" ha paralizado "un proyecto medioambiental ejemplar, reconocido internacionalmente y originando un verdadero daño a una especie en peligro de extinción". EFEverde
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