El precio del agua se dispara el 44% durante los peores años de la crisis

La ACA prevé incrementar el canon más de un 25% entre 2013 y 2018

DANI CORDERO Barcelona 16 MAR 2013 - 23:02 CET

El pantano de Sau, en Osona. / CARLES RIBAS

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El precio del agua es víctima de una espiral alcista sin freno. En diciembre pasado, el Área Metropolitana de Barcelona aprobó una subida de las tarifas que pagan los clientes de las compañías suministradoras para este año del 18%. A ese incremento se unirá el del 5,3% en el canon, la tasa que financia las infraestructuras hidráulicas, que ha aprobado esta semana la Agencia Catalana del Agua (ACA). Pero esas últimas decisiones son solo un suma y sigue.

Nada nuevo ni nada que deba cambiar en los próximos años: habrá más incrementos, según las estimaciones que ha efectuado la ACA hasta 2018. Como ya los hubo en los últimos cuatro años. En ese periodo, entre 2008 y principios de 2012, el precio medio que se paga por metro cúbico de agua en Cataluña —sin las tasas municipales— se ha incrementado cerca del 44%. Un usuario doméstico pagaba en 2008 una media de 1,316 euros por metro cúbico. En 2012 ese mismo volumen de agua costaba 1,893 euros, siempre teniendo como supuesto un hogar que consume en torno a 12 metros cúbicos de agua cada mes.

Es la evolución que muestran los informes elaborados por el Observatorio del Precio del Agua, dependiente de la ACA, y que muestran grandes diferencias en función de la provincia donde se consume. En Barcelona, la más cara, alcanzaba los 1,989 euros por metro cúbico. La más barata, en Lleida, salía por 1,364 euros. Por medio, Tarragona y Girona, a razón de 1,65 y 1,518 euros por metro cúbico, respectivamente.

Esos precio continuarán subiendo y es muy posible que sigan haciéndolo muy por encima de la inflación, como hasta ahora. La privatizada Aguas Ter-Llobregat, una de las fuentes de las que se abastecen suministradores como Agbar, Aqualia o las operadoras municipales, prevé nuevas alzas según el contrato de concesión firmado la Generalitat y Acciona.

La agencia pide poder vetar los cambios de tarifas de los municipios

Y la ACA, acuciada por su enorme endeudamiento no será menos. La empresa de la Generalitat ya ha elaborado su Plan Económico-Financiero 2013 y 2018 y prevé para ese periodo un aumento acumulado del canon del agua superior al 25%. El 95% de los recursos de la ACA proceden de esa tasa y la dirección piensa que en los seis años estimados sus ingresos crezcan un 27%, para pasar de los 445,4 millones actuales a los 564,89 millones en 2018.

Ni la entrada en beneficios de la agencia, que el año pasado logró 106,49 millones, permitirá dar un respiro a los usuarios del agua en plena crisis. Su abultada deuda de 1.141 millones de euros y la ausencia de transferencias del Estado, de la Generalitat y de los entes locales no le dan margen. Y una de las condiciones para refinanciar su deuda era el compromiso de no contraer nueva. En pleno contexto de ahorro, la ACA tiene intención de dejar a finales de este año el edificio donde tiene la sede, de alquiler, para ocupar los espacios disponibles en los otros tres inmuebles que ocupa. Y, según lo previsto, no se prevén recortes de empleo.

La ACA, no obstante, quiere incidir más en la fijación de precios del agua. Por ello, su director general, Leonard Carcolé, ha demandado que en la próxima ley de medidas fiscales y financieras que acompañará a la de los Presupuestos de la Generalitat de 2013 se incluya un artículo que dote a la empresa pública de nuevas competencias. Si la iniciativa logra vencer los recelos de los municipios y del Departamento de Empresa y Empleo, la agencia podrá elaborar informes vinculantes y vetar los acuerdos tomados por los ayuntamientos para fijar los mínimos y máximos de las tarifas. El informe “será vinculante cuando sea desfavorable en relación con la admisión y valoración de cualquiera de los conceptos repercutibles incorporados al expediente”. Ahora son los municipios, o el Área Metropolitana de Barcelona los que fijan las tarifas y remiten sus opiniones a la Comisión de Precios de Cataluña, que las aprueba.