Se reduce a 9 meses el plazo para lograr la autorización ambiental

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, que se enviará a las Cortes Generales para su tramitación que será "de urgencia para cumplir los plazos comunitarios" y que reduce a 9 meses el plazo para otorgar o denegar la autorización ambiental correspondiente.

Así, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con ello se traspone la directiva europea sobre emisiones industriales, y que además se simplifica el procedimiento, "mejorando la protección de medio ambiente".

Asimismo, ha asegurado que se trata de una "política más atractiva y ambiciosa" mediante un tratamiento integrado de prevención y control de contaminación en aspectos como emisiones a la atmósfera, al agua, al suelo; la gestión de los residuos; la prevención de accidentes y la eficiencia energética.

"Es lo que se llama autorización medioambiental integrada", ha precisado la vicepresidenta, que ha añadido que el proyecto reduce el plazo para otorgar o denegar la correspondiente autorización a nueve meses.

Sáez de Santamaría ha agregado que esto permite una mayor simplificación administrativa porque se han reducido muchos trámites en el procedimiento,"sin merma de las garantías y que, fundamentalmente, permite agilidad en sectores como el industrial".

Al mismo tiempo, ha añadido que incluye una legislación "más exigente"desde el punto de vista medioambiental mientras se introducen mecanismos que agilizarán la concesión o denegación de la correspondiente autorización.

Concretamente, ha indicado que la nueva ley afectará a 6.100 instalaciones industriales, más que la normativa anterior, como refinerías, cementeras o siderúrgicas.

Por otro lado, se suprime la necesidad de aportar la documentación que ya está en poder de la administración en los procesos de revisión y se suprime el deber de renovar la autorización cada 8 años aunque no hubiera ningún cambio en las circunstancias.